En el marco de la conmemoración del Día
Internacional de las Poblaciones Indígenas, 9 de agosto, establecido por la ONU,
los sectores sociales organizados y los pueblos y nacionalidades del Ecuador
nos instalamos el día 7 de agosto en Quito para analizar la realidad de
violentación de derechos y las políticas
extractivistas del gobierno neoliberal de Rafael Correa y establecer
alternativas que permitan frenar la destrucción de la naturaleza, la
privatización del agua, el despojo de los territorios de las comunidades
indígenas y el derecho a tener un sistema propio de educación intercultural
bilingue y justicia indígena.
La Asamblea General de la ONU, el 23 de
diciembre de 1994, en su resolución A/RES/49/214 estableció que se celebre el 9
de agosto de cada año el día de los pueblos indígenas durante el Decenio
Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo (1995 – 2004). En 2004, la
Asamblea proclamó un Segundo Decenio Internacional, del 2005 al 2014, bajo el
título "Un decenio para la acción y la dignidad".
De las intenciones y los objetivos de
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, están lejos de cumplirse, mientras que “en todo el mundo las
empresas extractivas y similares están despojando a los pueblos indígenas de
sus territorios”[1]; cuando
en la práctica hay persecuciones y
matanzas a los pueblos indígenas que están en resistencia ante los proyectos
mineros, hidroeléctricos, petroleros y madereros, como es el caso de los
pueblos indígenas Mocoví y Qom en Argentina, los achés, Paraguay, en un juicio
por devolución de sus tierras; los akuntsus, Brasil; los yanomamis, límite
fronterizo entre Brasil y Venezuela o como los indígenas en aislamiento que
fueron descubiertos en el pasado mes de junio, quienes declaran haber sufrido
violentos ataques durante los cuales la mayoría de los ancianos fueron asesinados
y sus hogares quemados.
Se censura a las radios comunitarias
alternativas que cuestionan los regímenes autoritarios, prepotentes y
dictatoriales, como el caso de los indígenas de Puebla en México. La
censura y cierre a las radios
comunitarias tiene el objetivo de silenciar
a todas y todos aquellos que son voces de expresión de nuestra cultura, de
nuestra música, recuerdos, esperanzas y
nuestra rebeldía y dignidad.
Existen más de 5 mil pueblos indígenas,
que representan a 370 millones de personas del total de la población mundial.
De ese total, 50 millones viven en América y constituyen el 12% de los
habitantes del continente. Gran parte de los pueblos indígenas del mundo
comparte una problemática común en cuanto a la violación, falta de
reconocimiento y aplicación efectiva de sus derechos, con lo cual se
constituyen en un grupo poblacional altamente vulnerable.
En Ecuador existe
flagrante violaciones a derechos, persecuciones, a los pueblos indígenas que están en resistencia
ante los proyectos mineros hidroeléctricos y criminalización de las luchas
sociales. Estamos ante un gran desconcierto de las organizaciones, comunidades
y pueblos indígenas, por una avalancha de reformas de corte neoliberal, las
mismas que dejan a este sector de la
población en un estado de indefensión ante el estado y los grandes corporativos. Reformas a las leyes de aguas, tierras, de
seguridad social, la aprobación del Código Integral Penal, que tiene un
carácter severo de castigo y control
hacia la sociedad civil. El decreto ejecutivo 016 con el que se controla y se
interviene a todas las organizaciones de
la sociedad civil que alzan su voz ante los atropellos humanos y a la
naturaleza. Se pretende hacer enmiendas a la constitución para dar un
poder indefinido a Correa.
Acciones del gobierno que van en contra
de las declaraciones del Secretario General de la ONU, Banki-moon, «Los intereses de los pueblos indígenas deben
formar parte de la nueva agenda para el desarrollo para que ésta tenga éxito.
[…] Juntos, reconozcamos y celebremos la valiosa y peculiar identidad de los
pueblos indígenas de todo el mundo. Pongamos aún más empeño en empoderarlos y
en prestar apoyo a sus aspiraciones.»
Ecuador
es un país pluricultural y multilingüe con 14 nacionalidades, tiene una
grandeza cultural y lingüística muy importante, que lo convierte en uno de los países
-después de México, Guatemala, Bolivia y Perú,- con gran diversidad lingüística
en América Latina; y esta presencia es
producto de una gran resistencia de más de 523 anos al colonialismo racial y de
explotación social. En este camino de resistencia histórica, hoy en día en el
siglo XXI ha sido el eje articulador
para la unidad con otras fuerzas sociales.
Es indignante que la Corte Constitucional en días pasados haya anulado la administración de la justicia indígena,
tipificando que “todos los delitos contra la vida” son de exclusiva competencia de la justicia
ordinaria, con lo que se viola el Art. 171 de
la Constitución y el Convenio 169
de la OIT. La anulación del derecho a nuestras formas de administración es un gesto claramente racista discriminativo,
de prejuicios que han prevalecido en la sociedad ecuatoriana en contra de los
pueblos indígenas desde tiempos de la Colonia. Cada pueblo tiene sus propias
reglas para organizar de la mejor forma su vida en comunidad, elegir a sus autoridades mediante
«usos y tradiciones propias». Anular un derecho es dejar una obra grande sin
piso, u obligar al “constructor a destruir lo que ya construyó".
Es demagogia politiquera y manipuladora del gobierno los regalos
de moto agrícolas, tractores, semillas, a las comunidades indígenas para destruir
todo proceso organizativo y ocultar
la verdadera realidad de desatención y
descontento de las comunidades. El cierre de las escuelas comunitarias y las
escuelas bilingües, así como la desaparición del Sistema de Educación Intercultural
Bilingüe, a pretexto de “intercultural” son formas de exterminio a los pueblos
indígenas. El tema indígena, quizá
aparezca en algún medio de comunicación, tal vez con sentido comercial y
folklórico pero no creo que se toque la problemática de las comunidades y
nacionalidades.
De ahí que este día de los pueblos indígenas debe ser para que todos y todas exijamos la implementación de las políticas
públicas con pertinencia cultural y lingüística
que promuevan el uso diario y la libertad y autonomía del ejercicio de
nuestros derechos colectivos tan
restringidos y violentados en este régimen de alianza país. Así mismo denunciar
al Banco Mundial su afán de quitar la protección a los pueblos originarios, por
ser un acto de retroceso en los derechos que
socavaría la vigente legislación internacional de derechos humanos y los
avances significativos conseguidos con respeto de los derechos de los pueblos
indígenas en las leyes nacionales. Por eso a cada paso, en cada acción el único
camino necesario para defender el reconocimiento que hemos alcanzado en un
marco legal dentro de las fronteras nacionales, es el de la RESISTENCIA y
avanzar en nuestra lucha cultural y
sobre todo política.
Sisa Pacari
Bacacela
VICEPRESIDENTA
UNE NACIONAL
8 de agosto de
2014
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